No obstante sus declaraciones de las últimas horas se estima que el Presidente electo señor doctor Juan Manuel Santos deberá realizar reforma tributaria de carácter estructural que permita la superación de la innegable crisis financiera por la cual atraviesa el país y lo modernice, todo ello en sintonía con los requerimientos de orden internacional en materia de inversión . Es ésta la consideración de algunos especialistas en el tema.

Así lo conceptúa Luis Hernando Franco Murgueitio, experto en temas tributarios, exaltado días atrás por los gobiernos local y departamental y por el sector empresarial, al celebrar los primeros veinte años de labores de su firma, Franco Murgueitio & Asociados.

Afirma que “para salirle al paso a esta crisis” no serán suficientes algunas soluciones coyunturales como las de la mencionada emergencia social, o el recurrente anuncio de cada nuevo gobierno para “apretar el cinturón en materia de gastos”. Precisa el experto que “no es dable aceptar que no se harán reformas tributarias con el argumento de que el fortalecimiento de la economía daría para mayores recaudos, pues la situación mundial y local muestran lo contrario, y “Colombia tiene un sistema tributario arcaico, atrasado, lo cual es impopular e ineficiente para otros países interesados en invertir aquí”.

Sostiene igualmente Franco Murgueitio que una reforma estructural la integran un grupo de decisiones y modificaciones que “pisan callos y que de seguro molestan a algunos en varios escenarios”. Es una propuesta de fondo, que “revuelque el sistema y lo ponga en el orden que se ha perdido por las inequidades resultantes del facilismo, las indebidas prebendas, los favores políticos, las huecos exceptivos que solo piensan en intereses particulares en vez de consultar los generales”.

A juicio de Franco Murgueitio algunos de los aspectos que el Presidente Santos y su equipo económico deberán trabajar, tienen que ver con la simplificación del procedimiento administrativo, hoy engorroso, enredado, y eterno; la unificación de políticas y de cifras contables y fiscales para evitar el desfase entre “gasto comercial” y “deducción” en renta, patrimonio contable y patrimonio fiscal, así como el respeto a la jerarquía de las normas, evitando que los criterios de la DIAN resulten sobrepasando las reglas legislativas existentes; menos requisitos de forma y más consideraciones de fondo: lo que importa no es el “cómo” sino “el qué”; así como la eliminación de teorías fiscalistas para inadmitir deducciones con el argumento peregrino de no ser “indispensables” aunque sí necesarias.

Para hacer viable esa reforma el Gobierno tendría que adoptar lo que deben ser principios rectores del tema tributario, mecanismos para conceder seguridad jurídica y tributaria general no sólo para quienes firmen “contratos” y paguen “primas”, que sugieren un sistema que solo respeta a quienes tienen dinero para “comprarlo”. Igualmente se requiere la ampliación real de la fiscalización, que equivale a llegar a la generalidad de la población y no solo a los “formales”, con la implementación de medidas de fuerza contra el contrabando, la rampante y vergonzosa evasión de IVA, la piratería que se “vende” aún en los andenes de las oficinas de las Administraciones Tributarias, sostiene categóricamente este experto.
La reforma en mención incluye tomar medidas de choque (penalización) contra la corrupción, tanto para el particular que ofrece como para el funcionario que acepta o pida, así como garantizar apertura a la conciliación en temas tributarios.

El Director de Franco Murgueitio & Asociados sostiene que el nuevo Gobierno también deberá considerar en dicha propuesta de reforma estructural la modernización del sistema tributario para dar entrada a la agilidad en las negociaciones internacionales, y a una verdadera Defensoría del Contribuyente, fuerte y “con dientes”, no una mera consejera que bien puede desatenderse hoy. Puntualiza que dicha reforma “debe mantener las rentas exentas de contenido general tales como las hoteleras para todos los inversionistas en el negocio, las editoriales, las turísticas, las reforestadoras y otras tantas de apoyo a la economía y al empleo nacionales”.

El Gobierno del Presidente Santos debería ofrecer múltiples y modernos incentivos tributarios que atraigan inversión foránea y aprovechen la posición que Colombia tiene hoy ante el mundo como país de interés para los negocios. Es necesaria, insiste Franco, la unificación de tarifas de IVA en solo dos: una general del 14%, y una para elementos suntuarios del 30%, así como la reducción de la tarifa del impuesto de renta al 30%.

Afirma que entre las razones que justifican la recomendación para reducir estas tarifas, alternativa que no se opone ni a la situación nacional ni a las propuestas tendientes a atender tanto las necesidades actuales como las previsibles, están: reducción de cargas fiscales que estimula el cumplimiento voluntario de las obligaciones; facultar un mayor movimiento comercial formal (menos informalidad y consecuentemente menos evasión) ; estimular la inversión foránea en negocios colombianos ; y a mayor volumen de operaciones, mayor recaudo y con ello los niveles sugeridos hacen más competitiva a Colombia en el entorno latinoamericano.


Luis Hernando Franco Murgueitio.
Director
Franco Murgueitio & Asociados
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